¿Qué medidas debería incluir una nueva ley electoral para mejorar la confianza de los ciudadanos en las instituciones que rigen los políticos?
En los últimos meses se han oído diversas propuestas a raíz de la voluntad, que quizás no tanta necesidad, de hacer una ley electoral para Cataluña.
Las propuestas que se han planteado, creo que no supondrían ningún avance ni mejora: la elección directa del diputado en una circunscripción de tamaño menor, no favorece precisamente que el voto de cada ciudadano acabe teniendo su representación proporcional en la cámara. La elección del diputado de cada circunscripción se hace de forma mayoritaria y por tanto el resto de votos no obtienen representación. Por ello, se hace necesario un doble sistema que permita elegir al diputado de la circunscripción y una lista general. Se va complicando el sistema de voto y el ciudadano no se aclara y desiste de votar. Por otro lado, si se hacen más circunscripciones y más pequeñas, como se desprendería de la combinación del proyecto de vegueríes catalanas y una nueva ley electoral, los votos a los partidos minoritarios tienen más dificultades para obtener representación.
La idea de que una nueva ley electoral y las listas abiertas acercarían a los ciudadanos a la política y las instituciones no ha sido contrastada empíricamente. Es una simple suposición. Pero partimos de la evidencia que el modelo actual tiene deficiencias. Sin embargo, no debemos perder de vista el norte y recordar que las instituciones necesitan de mayorías estables que gobiernen con rigor y no sometidas a los caprichos de un diputado cuyos méritos pueden ir de ser un candidato mediático, un adinerado que se puede pagar una costosa campaña electoral o un populista peligroso, solo por poner algunos ejemplos.
Siempre he pensado que la política es una cosa muy seria y que repercute de forma muy importante en nuestra vida como para dejarla en manos de aficionados, bienintencionados o personas que le dediquen sus ratos libres. Pero de ahí a dejarla en manos de políticos funcionarios hay una diferencia.
Aquí es donde aparece una de las principales necesidades que se debería abordar y que está al margen de la ley electoral: el funcionamiento interno de los partidos políticos debería mejorar en transparencia y en participación para cumplir con el mandato del artículo 6 de la Constitución relativo a la estructura y funcionamiento democrático de los partidos. Los partidos deberían ser estructuras más participativas, más abiertas, también para la toma de decisiones internas. De otra manera se perpetuará el divorcio existente entre los partidos y su militancia por un lado y los electores por el otro. Esto a la larga favorecerá a aparición de plataformas y proyectos improvisados sin programas claros y objetivos que trasciendan más allá de la oportunidad del momento político o de la legislatura.
He aquí uno de los problemas que se deben afrontar mediante la reforma de la ley electoral: los mandatos de cuatro años favorecen la aplicación de políticas cortoplacistas, de resultado inmediato e impiden la solución de problemas que requieren de medidas impopulares. Llevamos años en España sin que ningún gobierno afronte la viabilidad del sistema de pensiones, la reforma del mercado laboral, la financiación del sistema sanitario, la definición de un plan energético o la solución de los problemas de la gestión del agua, entre otros. Todo esto se aplaza, porque requiere adoptar medidas que no son precisamente las que adoptaría un gobierno que desea repetir mandato. En los últimos años hemos visto demasiados ejemplos de adopción de medidas cortoplacistas para afrontar procesos electorales: los 400€ de rebaja fiscal en el IRPF previos a las elecciones generales de 2008 son sólo un ejemplo.
Pasar de 4 años de mandato a 5 ó 7 años como duraba anteriormente el mandato del Presidente de la República Francesa no basta, evidentemente. La otra pata de una reforma electoral debería pasar por limitar el número de mandatos. Uno de los mayores males que padece nuestro sistema, especialmente en la administración local, es la confusión que se ha mantenido durante años en muchos lugares entre la institución y la persona que gobernaba, confusión que también se produjo en algunos casos a nivel autonómico. Este tipo de confusiones se debe evitar que se produzcan y la limitación de mandatos además añade el valor de recordar al político que su paso por el poder público es temporal y que está para afrontar los problemas que están pendientes de solución.
El entusiasmo con el que los ciudadanos siguen el debate sobre una nueva ley electoral en Cataluña es el mismo con el que han seguido otros debates en el pasado: escaso o nulo. Aunque es cierto que el hecho que el tema no despierte pasiones en los bares durante el desayuno, como tampoco lo hacen el futuro de las pensiones, el mercado laboral, la sostenibilidad de la sanidad pública, la energía o el agua, no es motivo suficiente para que se aborde su mejora con la misma responsabilidad. Quizás una de las cosas que nos deberían inculcar en la escuela es la responsabilidad de preocuparnos por los asuntos políticos y hacer el esfuerzo en tener un mayor conocimiento de ellos. Pero ese es otro asunto pendiente, el de la educación, el esfuerzo y la responsabilidad y a algunos ya les va bien que eso no se toque y las cosas sigan así.
En los últimos meses se han oído diversas propuestas a raíz de la voluntad, que quizás no tanta necesidad, de hacer una ley electoral para Cataluña.
Las propuestas que se han planteado, creo que no supondrían ningún avance ni mejora: la elección directa del diputado en una circunscripción de tamaño menor, no favorece precisamente que el voto de cada ciudadano acabe teniendo su representación proporcional en la cámara. La elección del diputado de cada circunscripción se hace de forma mayoritaria y por tanto el resto de votos no obtienen representación. Por ello, se hace necesario un doble sistema que permita elegir al diputado de la circunscripción y una lista general. Se va complicando el sistema de voto y el ciudadano no se aclara y desiste de votar. Por otro lado, si se hacen más circunscripciones y más pequeñas, como se desprendería de la combinación del proyecto de vegueríes catalanas y una nueva ley electoral, los votos a los partidos minoritarios tienen más dificultades para obtener representación.
La idea de que una nueva ley electoral y las listas abiertas acercarían a los ciudadanos a la política y las instituciones no ha sido contrastada empíricamente. Es una simple suposición. Pero partimos de la evidencia que el modelo actual tiene deficiencias. Sin embargo, no debemos perder de vista el norte y recordar que las instituciones necesitan de mayorías estables que gobiernen con rigor y no sometidas a los caprichos de un diputado cuyos méritos pueden ir de ser un candidato mediático, un adinerado que se puede pagar una costosa campaña electoral o un populista peligroso, solo por poner algunos ejemplos.
Siempre he pensado que la política es una cosa muy seria y que repercute de forma muy importante en nuestra vida como para dejarla en manos de aficionados, bienintencionados o personas que le dediquen sus ratos libres. Pero de ahí a dejarla en manos de políticos funcionarios hay una diferencia.
Aquí es donde aparece una de las principales necesidades que se debería abordar y que está al margen de la ley electoral: el funcionamiento interno de los partidos políticos debería mejorar en transparencia y en participación para cumplir con el mandato del artículo 6 de la Constitución relativo a la estructura y funcionamiento democrático de los partidos. Los partidos deberían ser estructuras más participativas, más abiertas, también para la toma de decisiones internas. De otra manera se perpetuará el divorcio existente entre los partidos y su militancia por un lado y los electores por el otro. Esto a la larga favorecerá a aparición de plataformas y proyectos improvisados sin programas claros y objetivos que trasciendan más allá de la oportunidad del momento político o de la legislatura.
He aquí uno de los problemas que se deben afrontar mediante la reforma de la ley electoral: los mandatos de cuatro años favorecen la aplicación de políticas cortoplacistas, de resultado inmediato e impiden la solución de problemas que requieren de medidas impopulares. Llevamos años en España sin que ningún gobierno afronte la viabilidad del sistema de pensiones, la reforma del mercado laboral, la financiación del sistema sanitario, la definición de un plan energético o la solución de los problemas de la gestión del agua, entre otros. Todo esto se aplaza, porque requiere adoptar medidas que no son precisamente las que adoptaría un gobierno que desea repetir mandato. En los últimos años hemos visto demasiados ejemplos de adopción de medidas cortoplacistas para afrontar procesos electorales: los 400€ de rebaja fiscal en el IRPF previos a las elecciones generales de 2008 son sólo un ejemplo.
Pasar de 4 años de mandato a 5 ó 7 años como duraba anteriormente el mandato del Presidente de la República Francesa no basta, evidentemente. La otra pata de una reforma electoral debería pasar por limitar el número de mandatos. Uno de los mayores males que padece nuestro sistema, especialmente en la administración local, es la confusión que se ha mantenido durante años en muchos lugares entre la institución y la persona que gobernaba, confusión que también se produjo en algunos casos a nivel autonómico. Este tipo de confusiones se debe evitar que se produzcan y la limitación de mandatos además añade el valor de recordar al político que su paso por el poder público es temporal y que está para afrontar los problemas que están pendientes de solución.
El entusiasmo con el que los ciudadanos siguen el debate sobre una nueva ley electoral en Cataluña es el mismo con el que han seguido otros debates en el pasado: escaso o nulo. Aunque es cierto que el hecho que el tema no despierte pasiones en los bares durante el desayuno, como tampoco lo hacen el futuro de las pensiones, el mercado laboral, la sostenibilidad de la sanidad pública, la energía o el agua, no es motivo suficiente para que se aborde su mejora con la misma responsabilidad. Quizás una de las cosas que nos deberían inculcar en la escuela es la responsabilidad de preocuparnos por los asuntos políticos y hacer el esfuerzo en tener un mayor conocimiento de ellos. Pero ese es otro asunto pendiente, el de la educación, el esfuerzo y la responsabilidad y a algunos ya les va bien que eso no se toque y las cosas sigan así.
